Enseñanza militar y carrera profesional
Fidel Gómez Rosa

El ministerio de Defensa está ultimando el proyecto de Ley de la Carrera Militar para su presentación al Consejo de Ministros el mes de octubre. El relevo en el ministerio paralizó los planes previos del Departamento hasta su revisión por el nuevo equipo del ministro Alonso. Conforme a la información que ha trascendido sobre esta nueva reforma militar, se mantiene la idea de proporcionar a los oficiales una titulación universitaria de grado junto con su despacho de oficial y se desecha la creación de una Universidad Nacional de la Defensa (UND), contemplada en borradores anteriores, optándose por integrar a los centros docentes militares en las respectivas universidades de las zonas territoriales en que están ubicados: Zaragoza (Ejército de Tierra), Pontevedra (Armada) y Murcia (Ejército del Aire). La labor de las comisiones oficiales, formadas exclusivamente por oficiales superiores, y la presión de la cúpula militar, siempre celosa de perder control sobre su personal, han conseguido desactivar parte de la apuesta hecha por el equipo del anterior ministro Bono.

La reforma se centra en el perfil de carrera de los oficiales facilitándoles una formación universitaria alternativa (modelo estadounidense) y unificando las actuales escalas en una sola, pese al repelús clasista en lo que constituye tal vez la única imposición gubernamental. Sobre los suboficiales, no obstante representar al sesenta por ciento de los cuadros de mando y carecer de una auténtica carrera profesional, no se esperan novedades significativas, salvo el endurecimiento de las condiciones de ascenso en sus distintos empleos, confirmándose así el desentendimiento del reformador –silencio sobre sus posibilidades de promoción, su estatuto profesional y el ámbito de sus responsabilidades– que los abandona a los criterios directivos coyunturales de la jerarquía. La pretensión del Ejército del Aire de aumentar el número de suboficiales, renunciando a una parte de su cuota de tropa, parece que ha eliminado también la previsión inicial de autorizar la reserva voluntaria con treinta años de antigüedad en el servicio para facilitar la salida de los suboficiales veteranos “amortizados” ya por el sistema. Respecto de la tropa, la ley se limitará a integrarlos como una escala más y mantener su actual normativa legal.

El anteproyecto de Ley de la Carrera Militar, filtrado deliberadamente por el ministerio de Defensa en las unidades, centros y organismos militares, contemplaba en los sucesivos borradores que se vienen conociendo en el último año cambios significativos en el modelo de la Enseñanza Militar vigente y en el perfil de carrera profesional de los militares. La aprobación de la reforma proyectada supondría la cancelación definitiva del sistema de enseñanza militar autónomo que, con las características propias de cada Ejército, se ha mantenido tradicionalmente en vigor en nuestras Fuerzas Armadas. Si prosperan los planes del ministerio, existirá una formación general integrada en el sistema educativo que se completará con una formación militar específica. La enseñanza militar no constituirá ya una excepción en el sistema educativo español.

De acuerdo con la adscripción a una de las tres escalas en que queda encuadrado en la ley el personal en servicio activo, la enseñanza militar se estructura en tres niveles educativos correspondientes: educación superior universitaria (oficiales), formación profesional de grado superior (suboficiales) y formación profesional de grado medio (tropa y marinería). Los oficiales y suboficiales acceden a su respectiva escala por la posesión de un título universitario de grado o un título de técnico superior, mientras que la tropa o marinería obtiene en filas su titulación de formación profesional de grado medio. La enseñanza general de formación se completa, a lo largo de la carrera militar, con una enseñanza específica de perfeccionamiento encaminada a permitir al personal militar el desempeño de los cometidos, ejercicio de las facultades y obtención de las especialidades correspondientes a su escala y función profesional.

El legislador se propone adaptar la enseñanza militar a la nueva estructura de las enseñanzas universitarias derivada del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en la Declaración de Bolonia de 1999. La novedad principal, en consonancia con los objetivos educativos europeos, es la integración de la enseñanza militar de formación en el marco del sistema educativo general. Todos los centros militares superiores actuales, incluídas las tres academias -Academia General Militar (AGM), Escuela Naval Militar (ENM) y Academia General del Aire (AGA)- de oficiales, se integran en las universidades públicas correspondientes.

Desechada la posibilidad de creación de una UND, la reforma se limita a dar rango universitario a las academias militares con algunas adaptaciones orgánicas. La previsión del legislador era que la UND estuviera compuesta por tres facultades que impartan las enseñanzas conducentes a obtener un grado universitario en los campos de Tecnología y Ciencias Experimentales, Ciencias Jurídicas y Sociales o Ciencias Económicas y Empresariales. Con la nueva propuesta, se optará por las titulaciones impartidas en las respectivas universidades públicas a que se adscriben los centros. La enseñanza militar, por imperativo de la reforma general de la educación superior, se adaptará al modelo universitario con dos etapas académicas: la enseñanza de formación para el acceso a la escala de oficiales (grado) y la enseñanza de perfeccionamiento para la adquisición de especialidades y el ascenso a los empleos superiores (postgrado).

El reformador, rechazando la marginación con que secularmente se han tratado los asuntos de defensa, estudia la puesta en práctica de diversos mecanismos y el establecimiento de instituciones que garanticen una comunicación permanente y fluida entre la sociedad y sus fuerzas armadas. A este objetivo obedece la inclusión de los estudios militares en el sistema educativo general, la previsión de convenios de colaboración para el intercambio de alumnos y la participación de profesores civiles en las enseñanzas que se impartan en el ámbito de la UND y sus centros docentes, así como la nueva figura de los militares comisionados que permitirá a las Fuerzas Armadas atender, con profesionales titulados, necesidades eventuales de conocimientos específicos en determinados campos. Es innegable, pues, el esfuerzo gubernamental por aumentar, mediante cambios legislativos, la cultura de defensa entre la población española y simultáneamente reforzar la vinculación de los Ejércitos con el resto de la sociedad.

Las líneas generales de la reforma están correctamente orientadas para que los Ejércitos dejen de constituir una excepción en nuestro sistema educativo, aunque debe indicarse que la rectificación de última hora ha rebajado sensiblemente la idea original. Los argumentos que se han barajado en el pasado, con gobiernos de distinta orientación política en 1989 (PSOE) y 1999 (PP), para regular el sistema militar al margen del común descansaban en que la peculiaridad técnica de las fuerzas armadas las hace diferentes y en que existía una tradición histórica de haber dispuesto siempre de sus propios centros educativos. Sin embargo, en un sistema democrático avanzado como el que tenemos en nuestro país en la actualidad y con una profunda modificación de los estudios universitarios de ámbito europeo en marcha, no consideramos que tenga sentido mantener por más tiempo esta excepción tan recurrentemente esgrimida como poco justificada. Al contrario, está en el interés de las Fuerzas Armadas participar en el sistema educativo general.

La resistencia de los mandos militares en servicio activo, basada en su vinculación afectiva con el sistema actual, podría constituir un obstáculo añadido al proceso de transición al nuevo modelo universitario de enseñanza si no va acompañado de una explicación sobre la racionalidad de este cambio; se precisa una amplia comprensión en la institución militar para adaptarse plenamente, sin rémoras del pasado, al tiempo presente. En todo caso, razones sentimentales al margen, parece poco discutible la conveniencia de transformar el sistema educativo militar en la dirección prevista en el anteproyecto de ley, es decir, pasando de un modelo desconectado de la sociedad como el vigente a otro integrado en la misma como el que se propone.

En materia de enseñanza, las Fuerzas Armadas españolas se han caracterizado históricamente por mantener una multiplicidad de centros docentes -su número asciende a varios centenares considerando los cuerpos comunes y los tres Ejércitos y sus correspondientes Cuerpos, Escalas y Especialidades- dedicados a la formación y adiestramiento de personal y a la enseñanza de especialidades militares. El Ejército de Tierra mantiene en funcionamiento dos academias generales de oficiales (AGM-Zaragoza) y suboficiales (AGBS-Tremp), complementadas con las academias de las Armas de Infantería (Toledo), Artillería (Segovia), Caballería (Valladolid) e Ingenieros (Hoyo de Manzanares), y dispone de numerosos centros de especialización logística y politécnica. La Armada forma a sus oficiales del Cuerpo General en Marín (ENM) y de Infantería de Marina en Cartagena, además de las escuelas de Suboficiales (San Fernando) y de Especialidades (El Ferrol). El Ejército del Aire, por su parte, tiene ubicadas sus academias de oficiales y suboficiales, respectivamente, en San Javier (AGA) y León (ABA), con diversas escuelas donde se imparten enseñanzas de especialización: Mando y Control (Cuatro Vientos), Técnicas Aeronáuticas (Torrejón) y Seguridad y Defensa (Zaragoza).

La autonomía de que ha gozado cada Ejército para diseñar y realizar la enseñanza en su propio ámbito se ha ido reduciendo en las últimas décadas por la progresiva y creciente intervención del ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar. Así, el ingreso en las academias se produce en una convocatoria conjunta con requisitos generales comunes, los planes de estudios se han armonizado y el régimen académico está sujeto a una reglamentación similar. La dispersión geográfica de los centros continúa mientras que el aislamiento se ha visto paliado por la desaparición del régimen obligatorio de internado de los alumnos y la introducción de nuevos horarios académicos. En materia de régimen académico, también ha tenido lugar recientemente una especie de contrarreforma con tendencia a la vuelta al “régimen interior” tradicional en algunas academias por considerar el mando poco satisfactorio el modelo de los últimos años en relación con el tipo de formación que se pretende.

Oficiales: una tradición de autonomía, aislamiento y rigidez profesional

Suboficiales: carencia de un modelo profesional

La formación de los suboficiales fue deliberadamente descuidada por el régimen franquista. Nunca existió verdadero interés en potenciar los oficios de armeros, radiotelegrafistas, mecánicos o escribientes que remitían al repudiado modelo republicano. Como es sabido, durante la República el ministro Manuel Azaña se había propuesto realizar una drástica reforma militar con el objetivo de lograr un pequeño ejército defensivo y respetuoso con la legalidad, adoptándose, en el ámbito del personal, diversas medidas de fondo: reserva voluntaria incentivada, fusión en un mismo escalafón de los oficiales, reglamentación de una vía interna de promoción a la oficialidad y la obligación para todos los futuros cadetes de servir (de forma efectiva) al menos seis meses como soldados. Los mandos subalternos fueron dignificados con la creación del Cuerpo de Suboficiales como cuadros de mando intermedios con empleos concedidos en propiedad, privilegios similares a los oficiales y expectativas de promoción profesional.

El Ejército franquista, que recordaba la vinculación republicana de los especialistas de Aviación y de la Armada, había tratado con gran mezquindad al personal de categoría inferior manteniendo su número siempre reducido, controlados por la precariedad de su porvenir y pendientes de la voluntad personal del jefe de turno. Por lo que respecta al Ejército de Tierra, hasta los años sesenta no se decidió formar algunas promociones de especialistas y operadores de armas. El experimento fue además abortado y hubo que esperar hasta la década siguiente para que se estableciera un centro de formación básica general. El Ejército del Aire y la Armada tenían sus propias escuelas de especialidades –con los más variados tipos de formación y trayectoria profesional– conviviendo el modelo con la explotación de un numeroso contingente de cabos primeros veteranos. Los suboficiales, con el paso del tiempo, eran promovidos a oficiales, integrándose en escalas –denominadas auxiliar o especial para significar su condición vicaria– con el techo máximo de comandante y separadas de los oficiales de academia.

Con la llegada de la democracia la carrera militar no sufrió ningún cambio significativo hasta final de los años ochenta en que se promulgó la ley de la función militar. Antes, la urgencia de conseguir la supremacía del poder civil y desterrar el ruido de sables impedía ocuparse de los asuntos de personal. La reforma impulsada por el gobierno socialista en 1989, siendo ministro de Defensa Narcís Serra, introdujo una necesaria racionalización de escalas y armonización entre los tres ejércitos, que hasta entonces componían un absurdo conglomerado de armas, cuerpos y escalas. Se distribuyó el personal militar en tres escalas: superior, media y básica. Los oficiales de la escala superior permanecen con la misma formación que en el régimen franquista, comenzando su carrera como tenientes y asegurada su expectativa de ascenso a coronel; los oficiales de la escala media deben permanecer un lustro como alféreces –con independencia de su edad, titulación y años de servicio– y tienen una expectativa de teniente coronel, aunque a diferencia de los anteriores aquí sí opera la selección y solo unos pocos llegan a serlo.

Los suboficiales, por su parte, vieron con sorpresa como la reforma socialista empeoraba todavía más –y parecía difícil viniendo del trato que les habían dado en la dictadura– su situación profesional. Fueron integradas sus escalas y agrupados en la escala básica para toda su vida militar quedando suprimido su ascenso por antigüedad a las escalas especiales de oficiales. De esta condición subalterna –una suerte de determinismo histórico fatalista– solo podían escapar cada año los más jóvenes en un número menor al 1% mediante su acceso a la escala media por promoción interna. Diez años después, la reforma impulsada por el Partido Popular en 1999, desempeñando la cartera de Defensa Eduardo Serra –curiosamente, y trágico para las expectativas de los suboficiales, era un antiguo secretario de Estado del periodo socialista–, mantuvo, en esencia, los mismos planteamientos de privilegiar a la escala superior y despreciar el potencial de la escala básica. De manera que los suboficiales se vieron, con la reforma de la izquierda y la confirmación por la derecha, confinados en sus empleos, destruidas sus modestas expectativas de carrera y degradada su función.

El nuevo empleo de suboficial mayor se presentaba como la justificación más aparente del recorte de la promoción de los suboficiales, cuya aspiración -debe recordarse- no pasaba de retirarse con el empleo de capitán después de casi cuarenta años de servicio. El aparatoso título de suboficial mayor –algunos ejércitos, además de realizar una pobre selección de este teórico puesto clave, agotaron los plazos reglamentarios y tardaron hasta siete años en tener sus primeros suboficiales mayores– remite inevitablemente a la figura de los prestigiosos sargentos jefes del ejército estadounidense o del británico. Como es previsible suponer, la comparación no resiste el menor contraste y aquí, por lo general, carece de medios para desempeñar con seriedad su labor de representación y asesoramiento, padece los recelos de sus mandos superiores y la indiferencia de sus subordinados que no le conceden liderazgo alguno. La falta de aprecio por el flamante empleo cúspide de la escala de suboficiales se pone de manifiesto con las continuas renuncias de los subtenientes para realizar el curso de aptitud correspondiente.

La promoción interna se planteó con tan poca convicción por la administración militar que más parece una excusa para cumplir una imposición enojosa de la ley que la voluntad de rescatar a los suboficiales más competentes u ofrecer un aliciente a la superación de este numeroso grupo profesional. La reglamentación, retocada casi todos los años, parece estar diseñada para excluir al máximo número posible de candidatos, seleccionar a aquellos que posean menores titulaciones y asignarlos a aquellas áreas más alejadas de sus habilidades técnicas. La escasez de plazas, los cambiantes requisitos de acceso, el establecimiento de discutibles límites de empleo y edad, el absurdo cambio de especialidad o función que normalmente ha llevado aparejada la promoción convirtiendo a expertos controladores aéreos en voluntariosos informáticos o a veteranos artilleros en atribulados gestores de recursos humanos, han caracterizado esta sedicente promoción. En los últimos años han aparecido algunas previsiones de cambio de cuerpo por titulación que, bajo la maraña de requisitos y limitaciones, ofrecen tres o cuatro plazas en todas las Fuerzas Armadas.

La promoción interna se ha diseñado en dos cursos académicos completos como si se tratara de personal de nueva incorporación. El primero supone la vuelta de los alumnos –profesionales con diez o quince años de servicio– a las academias militares para cursar un largo año de repetición de su formación militar básica, redundante en un personal plenamente socializado en el ambiente militar; y el segundo se destina a estudiar el programa de su respectiva función técnica. La superación de esta extraordinaria carrera de coincidencias afortunadas y obstáculos diversos los convierte en oficiales de segunda clase, que incluso tienen vedados muchos puestos y funciones reservadas a la escala superior. Se comprende que, en estas condiciones, la promoción interna sea vista con rechazo por la mayoría de suboficiales excluidos por la reglamentación y goce de un limitado prestigio entre la minoría que puede aspirar a la misma.

Dejando al margen las características de la promoción interna y sus ocultas razones para estar configurada de esta forma, cabe preguntarse si los suboficiales que la ley no considera dignos de progreso profesional alguno son hoy un grupo con una baja cultura como ocurría en el frustrado intento republicano, donde la generosidad de aquel sistema de promoción de los sargentos veteranos chocó con su falta de estudios. Evidentemente no, la extensión educativa y los cambios profundos experimentados por la sociedad española en las últimas décadas han transformado de modo radical este punto, aunque las sucesivas modificaciones legislativas -incluído el borrador de anteproyecto que comentamos- sigan ignorando esta realidad. Se dice que los hechos son tozudos, pero más tozudo está resultando a este respecto el legislador y su asesor militar.

En efecto, cualquiera puede constatar, en estadísticas o por simple observación, que el perfil de los alumnos de acceso directo de las academias de oficiales y suboficiales ha tendido a igualarse –aunque la política seguida estos años de cerrar el acceso directo en las academias de suboficiales, unido a la degradación del reclutamiento de la tropa profesional, podría volver a cambiar esta situación– sin que pueda hablarse hoy de diferencias apreciables en titulación académica, frecuencia de uso de los sistemas de información o conocimiento de lenguas extranjeras. Asimismo, un grupo significativo de suboficiales están en posesión de títulos universitarios, educación superior desperdiciada inexplicablemente por la institución militar.

Un conjunto de reformas parciales y condicionadas

En plena crisis del final del franquismo, al comienzo de la década de los años setenta, se realizó un cambio en la enseñanza superior militar con la finalidad de darle el rango legal de educación universitaria. Se adoptaron algunas medidas destinadas a establecer en la legislación estatal la homologación de los estudios de formación de la oficialidad de los Ejércitos con los estudios civiles superiores tales como la exigencia del Curso de Orientación Universitaria (COU) para acceder a las academias de oficiales, la equiparación de los cursos militares con los ciclos universitarios y la validez legal de los estudios concluidos en los centros militares para cursar el nivel correlativo de educación universitaria. En esta reforma también se planteó, por primera vez, que las academias militares pudieran contratar profesorado civil para ejercer la docencia de disciplinas que no fueran específicamente castrenses.

La reforma, sin desmerecer su importancia en el orden legal, no puede decirse que llegara a transformar materialmente los estudios militares, como el legislador anunciaba en su exposición de motivos que era su intención, sino que continuaron realizándose de hecho al margen de la universidad y, por tanto, de la cultura generacional de la época. Los Ejércitos siguieron formando a sus oficiales en los valores institucionales del franquismo, de acuerdo a la tradición castrense de internado y conforme a la particular cultura -militar, naval o aérea- de cada organización. La revisión de objetivos, métodos y medios fue en extremo limitada; el cambio hacia una preparación científica y técnica de rigor universitario, acompañada de una formación cultural y humanística a la altura de la sociedad de su tiempo, se quedó en mera intención retórica. Indudablemente, el momento político que vivía el país no permitía un progreso de estas características.

El reclutamiento de los cadetes se mantuvo con sus notas dominantes de fuerte componente de autorreclutamiento y procedencia geográfica poco equilibrada quedando algunas regiones del país sin representación apreciable. La consecuencia de esta falta de una política verdaderamente nacional en la formación de los cuadros de mando, tanto por falta de voluntad como por la incapacidad objetiva para lograrlo, fue una burocracia militar dirigente de marcadas características ideológicas distintivas -y en gran medida contrapuestas- de otros sectores sociales y profesionales de su generación. La situación política general, con un Régimen franquista en actitud defensiva y unos altos mandos militares bunkerizados, impidió la normalización de la enseñanza militar.

Durante la transición democrática asuntos prioritarios como conseguir la subordinación plena de las Fuerzas Armadas al poder civil retrasaron la aplicación de una auténtica transformación en la enseñanza militar; entendiendo por tal, no solo la integración del sistema militar en el marco educativo general, sino también la desaparición de los símbolos franquistas, el cambio en los métodos educativos y la modificación en profundidad de los contenidos docentes. Era necesario, y muy conveniente para la adhesión de las FAS al nuevo escenario político, cambiar el sistema de formación de la oficialidad, anclado en la herencia de la dictadura, para dar paso a una nueva generación de oficiales educados en los valores de la democracia. Hay razones para dudar que se haya logrado en todas sus proposiciones.

La debilidad mostrada en los asuntos militares -al principio, por temor a la reacción involucionista y después, por simple inercia consentidora- por los gobiernos de la democracia no permitió cambios profundos en el modelo de preparación del personal permanente de las FAS. En su lugar, se ensayaron durante los años ochenta y noventa una serie de modificaciones parciales en los planes de estudio, requisitos de ingreso y régimen académico para adaptar el sistema militar a determinados aspectos del sistema educativo general. La renovación de la mentalidad militar se ha producido más que por la aplicación de una política coherente de personal por la vía de hecho derivada de la incorporación a las estructuras de seguridad multinacional (ONU, OTAN, UE) y las misiones internacionales. El contacto con los militares de otros países -su organización, doctrina y pautas de comportamiento- ha suplido la ausencia de una formación nacional adecuada.

¿Hacia un futuro de plena profesionalidad?

El sistema de enseñanza militar no puede escindirse de la configuración de carrera profesional que se pretenda. En este sentido, el modelo de ejército profesional adoptado desde el año 2002 con la desaparición del servicio militar obliga, además de a establecer unos estímulos económicos necesarios para remontar la tendencia negativa del reclutamiento de la tropa y conseguir la permanencia del contingente, a diseñar un modelo de profesión consecuente. España tiene ahora una magnífica oportunidad –no está claro que vaya a aprovecharse– para renovar los criterios de la carrera militar desde una perspectiva de plena profesionalidad sin hipotecas ni condicionantes de su pasado, tan reciente como cerrado ya definitivamente en nuestros Ejércitos.

El anteproyecto de Ley de la Carrera Militar refiere todas las novedades a la formación de los oficiales y casi no considera la trayectoria de carrera de las otras escalas, en una marginación miope e inconcebible. Puede tratarse de un sesgo tradicional en todas las reformas militares: la elaboración de los borradores por comisiones de oficiales superiores, representantes del ministerio y los cuarteles generales, con ausencia absoluta del resto de categorías profesionales. Aunque sobran razones para el escepticismo, cabe pensar que la intención declarada de “potenciar la figura del suboficial” todavía no ha sido trasladada al texto articulado, porque lo contrario sería incomprensible si se pretende –como no puede ser de otra forma– mantener alta la motivación del grupo profesional más numeroso entre los cuadros de mando.

En todo caso, a nuestro entender, no se debería desaprovechar la ocasión que se presenta para producir cambios profundos en la política de personal, así como en los ámbitos de la organización y condiciones en que se realiza la función militar, a fin de conseguir unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales en las que esté garantizado:

∑ Que el personal militar de todas las categorías adquiera una formación técnica y humanística que le capacite para el ejercicio profesional a la altura de nuestro tiempo. La flexibilidad entre cuerpos, escalas y empleos debe dejar de proclamarse retóricamente y hacerse efectiva mediante su regulación legal. El sistema de enseñanza militar, con la universidad como institución central, debe estar abierta a todos los miembros de las FAS, cualquiera que sea su situación, para adquirir las titulaciones que permitan la promoción profesional, sin otros límites que la acreditación de los conocimientos y capacidades correspondientes.

∑ Que la gestión del personal militar en todas sus vicisitudes –ascensos, destinos, cursos– se realice por profesionales de las FAS formados en el campo de los recursos humanos y en las técnicas de formación, selección y evaluación adecuadas a la realidad actual. Los procesos administrativos, aprovechando las posibilidades de las tecnologías de la información, deben ser transparentes y rigurosos. De poco serviría una regulación avanzada en esta materia si luego se carece del personal, técnicas y medios adecuados o no existe la voluntad necesaria para aplicarla con todas sus consecuencias.

Que se la administración militar promocione una nueva cultura de organización, presidida por una mentalidad profesional en la que cada miembro de las FAS, de acuerdo a su escala y empleo, tenga asignadas claramente sus funciones, requerimientos y responsabilidades, así como la asignación objetiva de las retribuciones que le correspondan. En esta línea de modernización profesional, el ministerio de Defensa debería impulsar la eliminación de todas las instituciones y prácticas incompatibles con unas FAS plenamente profesionales como la separación clasista en pabellones, clubes y residencias poco acorde con los valores de la sociedad actual y que debilitan la vinculación de todas las categorías con la institución.