Telefónica despedirá a 15.000 trabajadores, un tercio de su plantilla actual de casi 41.000, en el próximo quinquenio: 4.500 durante el año en curso y 10.500 a lo largo de los próximos cuatro ejercicios. La compañía ya había desplazado a otros 11.200 operarios durante 1999 y el 2000. La primera empresa española ha reducido su plantilla en los últimos cinco años a cargo de distintos planes de "adelgazamiento" en casi 29.000 trabajadores, que serán 50.000 cuando en 2007 concluya su plan quinquenal, fecha en que la empresa se manejará con 20.000 empleados.

Las razones esgrimidas por el presidente de la compañía, César Alierta, parecen técnicamente correctas: reducción del "tráfico de voz"; pérdida de mercado y bajada de precios por la presencia de otros competidores; el coste de las obligaciones impuestas por el regulador; así como el desplazamiento inevitable de operadores motivado por el avance tecnológico. Por otro lado, el ajuste no resulta traumático al ser las bajas voluntarias, con una compensación media de 300.000 euros, unos 50 millones de pesetas por barba, y a diferencia del plan de 1999, que se hizo por la onerosa vía de las prejubilaciones y que le costó a la Seguridad Social 1.200 millones de euros, en esta ocasión no representará desembolso directo alguno.

No obstante, se dan algunas circunstancias socialmente inquietantes: aunque la compañía ha asegurado que no practicará discriminación alguna, no oculta que el plan se centrará en los comprendidos entre los 48 y los 53 años de edad. Es ésta una mala señal emitida a la sociedad y quizá un error de gestión, pues éste es un periodo vital en el que las personas pueden ofrecer sus mejores frutos. Nos encontramos en una escalada vertiginosa: recuérdese que en el plan de 1999 los despidos afectaron a los mayores de 52 años.

Por otro lado, parece que una parte de los despidos se originan en la creciente subcontratación --outsourcing, se dice ahora finamente-- de servicios que antes se desempeñaban dentro de la empresa. Ello representa la sustitución de trabajadores bien pagados beneficiarios de una serie de derechos adquiridos a lo largo de los años por operarios peor pagados y contratados con frecuencia en fragante precariedad. Por otra parte, si bien es cierto que los 15.000 trabajadores que serán despedidos en los próximos años no gravarán la Seguridad Social, lo cierto es que sí representan un coste para el Inem, pues buena parte de ellos se acogerán a las prestaciones de desempleo. Ciertamente, dichas prestaciones son un derecho que tienen todos los trabajadores en paro, pues no en vano se trata de un seguro que previene dicha contingencia, pero es obvio que tales desembolsos no serían necesarios si los trabajadores conservaran su puesto de trabajo.

Late además en el fondo de este asunto una consideración turbadora que se desprende del hecho de que Telefónica no puede considerarse en sentido estricto una empresa privada como cualquier otra, sino que presenta connotaciones muy diferenciales: el nombramiento de su presidente se hace desde el Gobierno; fue también el Gobierno quien le atribuyó costosas obligaciones políticas como la inversión ruinosa en Vía Digital con la intención de dificultar el desarrollo de la plataforma de Polanco, Canal Satélite Digital; con la misma intención tuvo que comprar, onerosamente, Antena 3 Televisión y la cadena de radio Onda Cero, entre otras inversiones que no se justificaban económicamente; por otro lado no hay que olvidar la existencia de la golden share, la acción de oro, que convierte a la compañía en una empresa de control estatal; y finalmente, el servicio está oficialmente regulado, como lo están las tarifas.

A esta compañía sui géneris se la puede pedir, por tanto, un comportamiento diferenciado.

JOSÉ García Abad